Sant Antoni

Piso de dos dormitorios y dos cuartos de baño. Se encuentra en la planta baja de un edificio de cinco alturas sobre rasante y cero sótanos, situado en el municipio de Reus, provincia de Tarragona. La vivienda tiene 57,00 m2 construidos, 53,20 m2 útiles, y está distribuida en cocina, comedor-sala de estar, dos dormitorios, uno de ellos con acceso al patio de luces, cuyo suelo es de uso privativo de esta vivienda, y un cuarto de baño. Cuenta con puerta de entrada de seguridad, ventanas de aluminio con cámara de doble acristalamiento, persianas de plástico, carpintería interior de madera, pintura lisa, suelos de parquet en todas sus dependencias excepto cocina y baños que son de gres, baños con sanitario y grifería mono mando. Reus es el municipio capital de la comarca del Baix Camp, de la provincia de Tarragona. Bien comunicado con carreteras comarcales y nacionales, con la T-11 y la autopista AP-7 que conecta con todo el corredor mediterráneo. La actividad de su población es variada, destaca la industria y todas las dotaciones tanto a nivel de terciario como hospitales, escuelas y varios equipamientos al mismo nivel que cualquier capital de comarca. La segunda ciudad más importante de la provincia de Tarragona. Su entorno es suficientemente homogéneo, formado principalmente por bloques de viviendas plurifamiliares, sobretodo en la zona céntrica y casco antiguo. En urbanizaciones de la periferia destaca la vivienda unifamiliar. [Aviso legal] El inmueble se encuentra ocupado ilegalmente por terceros y sin los suministros debidamente contratados. El Inmueble se transmitirá: (i) como cuerpo cierto y a tanto alzado (ii) como un todo, inseparable (iii) en el estado registral y catastral en el que se encuentre (iv) en el estado físico, calidades, jurídico, urbanístico, administrativo, de licencias, de protección, de conservación y limpieza en el que se encuentre (v) al corriente de gastos e impuestos que por Ley corresponda al Vendedor y (vi) sin dotación de servicios y suministros. El Adquirente asumirá (i) la situación física y estado de conservación (ii) la situación urbanística (iii) las discrepancias entre la realidad física y la realidad registral y catastral o en la cabida del Inmueble (iv) la adecuación registral y catastral del Inmueble y (v) los tramites que conlleven la obtención de la Posesión Judicial del Inmueble. La Propiedad no responderá de/l (i) estado de conservación (ii) los vicios vistos y aparentes (iii) la regularización registral o catastral (iv) las discrepancias de cabida, que pudieran existir (v) la responsabilidad en la obtención de la cédula de habitabilidad del Inmueble, salvo que en la Comunidad Autónoma donde se ubique el Inmueble sea obligatoria su entrega y (vi) cualesquiera costes, gastos, honorarios, aranceles o tributos que se deriven de lo anterior. Si a fecha de venta, la Propiedad hubiese demandado judicialmente la ocupación, podría el adquirente subrogarse en dicha demanda, no pudiendo reclamar importe alguno a la Propiedad como consecuencia de ello, salvo por los honorarios de abogados y procuradores que hasta la fecha de la transmisión se hubiesen devengado que, en cualquier caso, serán por cuenta de éste. Si en la fecha de venta, la Propiedad hubiese interpuesto una denuncia penal, que se encontrase en curso, se comunicará al Juzgado la venta, apartándose la Propiedad del procedimiento como acusación particular. El estado de ocupación y/o los impedimentos para que el inmueble pueda ser visitado libremente por los técnicos impedirían: i) su tasación oficial conforme exige la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, por lo que el inmueble, mientras perdure la situación ocupacional, no podría ser hipotecado, en consecuencia, no podría constituirse financiación hipotecaria sobre este tipo de fincas, cuya adquisición requerirá el otorgamiento de otro tipo de garantías en caso de solicitarse financiación y ii) la obtención por parte de la propiedad del certificado de eficie